Los
aumentos de sueldos a los jueces y a altos funcionarios de la Junta
Central Electoral constituyen una cruel burla al pueblo dominicano y en
particular a los dominicanos residentes en el exterior quienes
hemos sido afectados económica y emocionalmente por la decisión arbitraria del presidente
de esa institución, Roberto Rosario, que dispuso el cierre de las oficinas de
la Junta que funcionaban en el extranjero alegando falsamente que no
había fondos para mantenerlas operando.
"El cierre de las oficinas de la
JCE en el exterior, le está causando serios inconvenientes a la
comunidad". Para colmo la clausura de las oficinas es ejecutada
en un momento en que se produce en Estados Unidos un debate sobre una reforma
migratoria que podría legalizares a miles de dominicanos.
Diputados/as de Ultramar, si permiten
que la Oficina de Registro para Electores en el Exterior mantengan el cierre de
sus oficinas. ¿Cuál es su papel, de que sirven Ustedes?
Los
millones que ahora aparecen para beneficiar a una burocracia insaciable
son suficientes para cubrir los salarios normales que devengarían los empleados
de las 19 oficinas de la JCE clausuradas en el exterior, las cuales
tampoco generaban gastos de renta en tanto funcionaban en los locales
cedidos por los consulados.
El
despilfarros en estos aumentos y el reconocimiento público de que
la Junta habría obtenido un superávit de 45 millones de pesos del presupuesto
que se le había asignado en el 2012, demuestran que el cierre de las oficinas
en el exterior no tiene que ver con falta de recursos sino con las ambiciones
personales y aspiraciones políticas de Roberto Rosario quien utiliza tal medida
como un elemento de presión para obtener del gobierno fondos y
nombramientos de allegados en instituciones que le permita posicionarse para
impulsar sus aspiraciones políticas.
Nadie desea pensar que se trate de una
especie de retaliación de la cúpula peledeista de la JCE, ante las derrotas de
su partido el 20 de mayo del 2012 en el exterior. Existe la tesis de una
reacción ante el “supuesto mal trato” del gobierno, después de los servicios “especiales”
prestados, para el triunfo del presidente Danilo Medina Sánchez.
Así, los
dominicanos residentes en el exterior somos rehenes del PLD y de Roberto
Rosario en la rebatiña que se ha desatado entre los dirigentes del PLD quienes
se disputan áreas de poder y futuras candidaturas presidenciables.
la cúpula peledeista de la JCE ha
secuestrado el derecho que tenemos los dominicanos residentes en el exterior a
recibir los servicios que la Junta debe proporcionar; creando
angustias entre nuestra gente que se ven precisados a hacer gastos
excesivos para obtener desde Santo Domingo actas de nacimiento, actas de
divorcios, defunción, obtención de cedulas y otras documentación
necesarias para resolver cuestiones migratorias y legales.
Solamente
la terquedad y la arrogancia de quienes se emborrachan con el poder pueden
explicar que el presidente de la JCE desoiga los reclamos por la
reapertura de las oficinas de la institución que le han
formulado diversas instituciones democráticas y sectores organizados.
La
condenable prepotencia de Roberto Rosado es tan criticable como la actitud
pasiva y permisiva con que el Presidente de la Republica, Danilo Medina, ha
permitido que una medida tan inhumana afecte a tantos dominicanos,
alegando un respeto institucional que solamente es observado cuando se trata de
perjudicar a los pobres
Cierto que
el presidente de la JCE ha convertido en un cacicazgo personal a
esa entidad; cierto que el actual presidente de la Republica debe en gran
medida el ejercicio de sus funciones a la actuación de Roberto Rosario,
incluyendo la infame actitud que asumió el día de las elecciones donde no
permitió la participación de los delegados políticos de los partidos participar
en el conteo de los votos; pero si este funcionario entiende que sus
servicios para mantener en el poder al PLD merecen que se le
otorgue una mayor cuota del pastel gubernamental, el señor Rosario
debe escoger otro camino para reclamar al oficialismo y no el de maltratar a
una comunidad que, aportando más de 4 mil millones de dólares al PIB sin que el gobierno les preste servicio
básico alguno, merece el reconocimiento y no el
castigo de quienes temporalmente manejan el poder público sin
entender que el futuro puede deparar sorpresas a los trepadores sociales
que hoy les niegan a nuestro pueblo los más elementales derechos.
El equipo
de la Región Manhattan Norte con Hipolito 16, del Proyecto República Dominicana,
exhortamos a los dominicanos residentes
en el exterior a reclamar ante el gobierno que encabeza Danilo Medina a quien
"incumbe la responsabilidad principal de garantizar la reapertura de las
oficinas de la Junta Central Electoral en el exterior, porque se sabe muy bien
que quien no reclama sus derechos, está condenado a perderlos”.
Juntos,
vamos a organizarnos y a levantar ese derecho básico que merecemos. ¡Que
vivan los dominicanos del exterior!
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